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José Leonairo Dorado, exagente de inteligencia, ha testificado en contra de altos oficiales del Ejército. Contribuyó a la verdad del ataque al Palacio de Justicia, el genocidio de la UP y al hallazgo de restos humanos en la Brigada 20. Esta semana el Ejército, sin justificación, lo internó a la fuerza en una clínica psiquiátrica.
“Se lo están llevando a un hospital en contra de su voluntad para declararlo loco. No sabemos nada de él y lo incomunicaron.
Necesitamos ayuda”. Ese fue el inquietante mensaje de alerta que la familia del exagente José Leonairo Dorado, compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), alcanzó a enviarle al equipo periodístico de CAMBIO el jueves pasado, a eso de las 6 de la tarde, antes de que el Ejército lo internara arbitrariamente en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad y sin avisarles a sus seres queridos.
Dorado no es un testigo cualquiera. Lo dicho por él ante la JEP ha permitido ubicar fosas comunes dentro de las instalaciones de la Brigada 20 de Inteligencia, antiguo batallón Charry Solano. Además, ha sido determinante para ubicar personas dadas por desaparecidas y para el esclarecimiento de la responsabilidad de altos mandos del Ejército y de miembros de la Inteligencia en el ataque al Palacio de Justicia y en el genocidio de la UP. Su testimonio compromete a oficiales del más alto rango que operaron entre 1985 y 2008.
Hoy José Dorado está preso en la EJEPO, una cárcel militar donde es custodiado por soldados y oficiales del Ejército. Desde que con valentía decidió contar toda la verdad, primero ante la justicia y luego a los medios de comunicación, se convirtió en uno de los principales blancos de los hostigamientos, venganzas e intimidaciones coordinadas y sistemáticas de la aplanadora castrense. Por tratarse de un caso de profunda relevancia nacional, y un claro episodio de vulneración a los derechos humanos, CAMBIO fue hasta la clínica para llegar al fondo del asunto y garantizar la vida y la integridad de José Leonairo. Esta es la historia de cómo el Ejército desplegó una operación para silenciar, intimidar y declarar “loco" a un testigo que, como pocos, ha puesto en evidencia los delitos de la fuerza pública.
Las presiones más fuertes que recibió Dorado empezaron cuando CAMBIO publicó su entrevista con Helena Urán Bidegain en noviembre de 2024 y se intensificaron cuando la JEP encontró restos humanos en los puntos señalados por él. Aunque ya venía siendo víctima de toda suerte de intimidaciones en su lugar de reclusión, su situación se complicó aún más esta semana, cuando decidió darle una entrevista al periodista Daniel Coronell. Su única intención era poner una alerta en la opinión pública y decir, sin vacilaciones, que lo quieren matar para callarlo. Ese día, mientras estaba al aire con Coronell, en la señal de la radio alcanzaba a oírse el pito que interrumpe y advierte que hay una llamada entrante. Al otro lado de la línea estaban los militares de la EJEPO que, desesperados, marcaban a su número y le golpeaban en la puerta para tratar de detener la entrevista. No lo lograron.
El castigo fue contundente: el coronel Raúl Llano, director del centro de reclusión militar, le comunicó a Dorado que lo cambiaría de la celda especial que le había sido asignada por orden de la JEP en las medidas cautelares que dictó para protegerlo. Cuando el reo protestó por esa vulneración a sus derechos, la respuesta del coronel fue que ellos obedecían las órdenes del Inpec y no de la JEP. Una afirmación que carece de sustento legal. A Dorado lo pasaron a un nuevo cuarto y, en cuanto fue reubicado, hombres del Ejército inspeccionaron todas sus cosas y las dejaron regadas en el piso.
Acto seguido, el coronel Llano hizo una jugada que solo puede entenderse como una estrategia para desestabilizarlo emocionalmente: les dijo a los demás reclusos que iban a ser trasladados por culpa de Dorado. El anunció generó una reacción acalorada que llevó a varios de los internos a irse contra él y casi termina a golpes.
La andanada de sus compañeros le generó dificultades de sueño y dolores de cabeza. Ese jueves en la mañana, tras varias noches sin dormir y más de una migraña, el exsargento Dorado pidió ser llevado al médico para una valoración. Atendiendo la solicitud, esa misma tarde hombres de la EJEPO lo transportaron a una clínica situada dentro del batallón en el que está recluido. El médico tratante consideró que el paciente debía ser trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá para un examen de resonancia magnética que permitiría determinar si se trataba de una migraña o de algo más grave.
A eso de las 7 de la noche del jueves, Dorado llegó al Hospital Militar custodiado por el Inpec y el Ejército. Tras ser internado, esa primera noche le dieron hidratación intravenosa y medicinas que ayudan a conciliar el sueño. El procedimiento tenía que ser sencillo, rutinario.
Sin embargo, le informaron que el suyo era un caso complicado. Por esa razón, al otro día en la mañana, la junta médica se reuniría para definir su situación. El viernes, muy temprano, una funcionaria del Hospital Militar le dijo a José Leonairo Dorado que tenía “orden expresa” de trasladarlo a la Clínica Santo Tomás como paciente psiquiátrico. Hasta ese momento no había sido valorado por un médico. Fue entonces cuando el exagente entendió lo que ocurría: se estaba materializando una conspiración milimétrica para declararlo loco, incoherente o inestable y, así, invalidar su testimonio.
Dorado llegó el viernes a las 12 del día a la Clínica Santo Tomás, la tercera que visitaba desde que pidió ser atendido por un simple dolor de cabeza. Allí, los funcionarios le hicieron las preguntas de rigor; él, confundido, solo alcanzó a aclarar que había pedido a sus custodios que lo atendieran por neurología y que, en esa medida, no entendía por qué se encontraba en una clínica de salud mental en contra de su voluntad. Los médicos le respondieron que, dada su condición de recluso, sería alojado en el lugar más seguro de la clínica, aislado y lejos de las ventanas. Luego de esa breve explicación, Dorado fue recluido en una precaria y oscura habitación con reja de barrotes. Lo despojaron de sus pertenencias, le quitaron los cordones a sus zapatos y lo ubicaron en el ala de alta complejidad, en donde se atiende a los pacientes con trastornos psiquiátricos más severos.
Mientras eso ocurría, Federico Gómez Lara, director de CAMBIO, se comunicó con la defensora del Pueblo, Iris Marín, para informarle lo que estaba ocurriendo. La doctora Marín, de inmediato, dispuso a un funcionario de la Defensoría para que atendiera la situación. Pasadas las dos de la tarde, un par de horas después de que Dorado fue ingresado como paciente psiquiátrico, el equipo periodístico de CAMBIO llegó a la Clínica Santo Tomás en compañía de Fernando Torres, funcionario de la Defensoría, y de la hija de José Leonairo, quien no tuvo otra salida que viajar a Bogotá para apersonarse de la situación. Nadie le daba noticias de su padre y, desde el mensaje de auxilio, no había podido comunicarse con él.
Al abrirse el portón, una inmensa casona de inconfundible estilo inglés aparece entre las montañas de Chapinero. Allí funciona la Clínica Santo Tomás. Las pobladas enredaderas que adornan sus paredes de ladrillo son evidencia del largo tiempo que ha transcurrido desde 1944, año en el que el doctor Hernán Vergara y su esposa, doña María Carulla Soler, fundaron allí su centro especializado en tratamientos de salud mental.
Hoy, esa misma institución tiene suscrito un convenio con el Hospital Militar Central, ubicado a pocas cuadras, para la remisión de los pacientes psiquiátricos.
La hija de Dorado, el funcionario de la Defensoría y los periodistas de CAMBIO anunciaron en la recepción que estaban allí para visitar al paciente José Leonario Dorado. La mujer que los atendió tomó atenta nota. Al cabo de unos minutos, a la sala de espera llegó doña Catalina Vergara, hija de los fundadores de la clínica y hoy directora y representante legal de la misma. Pidió un tiempo más de espera. Transcurrida una media hora, salió la doctora Natalie Rico, coordinadora médica.
Empezó su intervención pidiendo excusas por la tardanza, causada porque estaba “atendiendo una reunión con la Armada”. La hija de Dorado, los periodistas y la Defensoría explicaron la razón de su presencia en el lugar. La doctora Rico hizo caso omiso a los motivos y, en un tono displicente y confrontacional, explicó que no iba a permitir que nadie viera al paciente y le negó a la hija de éste el acceso a la historia clínica o, por lo menos, los motivos de la hospitalización. Así mismo, aunque la Defensoría del Pueblo tiene la facultad legal de verificar estos procedimientos, la doctora Rico se negó a su deber constitucional con un argumento risible: “Yo la verdad es que desconozco la ley. Eso ya tocaría con el jurídico y por escrito”.
Los funcionarios, la hija y los periodistas le dejaron saber a la doctora Rico que necesitaban ver a José Leonairo Dorado porque él mismo alcanzó a alertar que lo estaban llevando a la fuerza. Ella, sin asomo de vergüenza, desvirtuó lo que acababa de oír y sentenció: “Él no está acá en contra de su voluntad. Él entró super tranquilo y está super colaborador”. La frustración escaló y, con ella, los decibeles de la tensa conversación. La paciencia se agotaba. La doctora Rico ni siquiera accedió a la petición de informarle al paciente que su hija, la prensa y la Defensoría estaban abajo preguntando por él. La hija de Dorado y las autoridades presentes dijeron que no se irían del lugar hasta no ver al interno. La coordinadora médica, frustrada ante la insistencia, les respondió que “podían quedarse a dormir y, aún así, no les iban a permitir ver a Dorado”.
El relato de Rico fue un mar de contradicciones. Afirmó, por ejemplo, que el paciente simplemente tenía un problema de insomnio y, minutos después, añadió que su condición mental no le permitía autorizar la visita de su hija. También dijo que no podía dar ninguna información, ni siquiera a la familia, porque el médico psiquiatra no había valorado a Dorado. ¿Si no había sido valorado por un médico, cómo podía concluirse que era un paciente con problemas psiquiátricos? Luego de 27 minutos y 36 segundos de un frustrante e infructuoso intercambio, la voz de doña Catalina Vergara volvió a irrumpir en el salón: “Doctora Natalie, por favor conmigo. Hágalos seguir para llevarlos a mi oficina”.
La directora de la clínica, en tono más sereno, atendió a la hija de Dorado, a la Defensoría y a los periodistas en la mesa redonda de su despacho, un lugar lleno de tomos de historias clínicas, libros de Sartre y Voltaire, esculturas de la Virgen, de Don Quijote y el adorno de una pequeña carpa conmemorativa del Ejército Nacional sobre una base de madera. Allí, doña Catalina explicó sus razones protocolarias para impedir el acceso al paciente y a la información sobre el mismo. Firme en su posición, la hija de Dorado insistió en reclamar sus derechos. Mientras tanto, CAMBIO se comunicó con el procurador general, Gregorio Eljach, quien al enterarse de lo sucedido envió de inmediato a la clínica a Mónica Ulloa, procuradora delegada. La Procuraduría General actuó con celeridad y, en minutos, emitió una orden escrita para que dejaran a la hija del interno y a la Defensoría del Pueblo hablar con José Leonairo.
Ante la presión, la directora de la Clínica regresó a su oficina e informó a la hija de Dorado y al funcionario de la Defensoría que, tras cuatro horas de insistencia y de activar todo el aparato institucional, finalmente podrían pasar. Al verlos, Dorado dibujó un gesto de sorpresa y alegría. Estaba perfectamente consciente, coherente y articulado. El exagente, en frente del médico, reiteró que estaba ahí contra su voluntad y que no tenía ningún problema psiquiátrico. Sin otra opción, y en presencia de la Defensoría, el médico afirmó que el paciente sería dado de alta la mañana siguiente.
“Casi acaban conmigo a punta de droga”
Cuando la hija de Dorado, los periodistas y los funcionarios de la Defensoría y la Procuraduría abandonaron el lugar, se fueron con la tranquilidad de que habían logrado acceder a José Leonairo y detener una arbitrariedad. Sin embargo, los problemas de Dorado estaban lejos de terminar. Esa noche, según miembros de la familia que hablaron con CAMBIO, a Dorado le pusieron una camisa de fuerza, digna de un manicomio, y le dieron medicamentos para dormir. Pasó la noche con los brazos amarrados. “Casi acaban conmigo a punta de droga”, les dijo Dorado el sábado a sus hijos. No se entiende cómo, justo después de que las instituciones llegaron a la clínica para garantizar sus derechos, José Leonairo haya sido amarrado sin tener ningún diagnóstico que lo amerite.
El sábado en la mañana, por fin, José Leonairo Dorado fue conducido de vuelta, a su lugar de reclusión, por el Ejército y el Inpec. A su llegada, sus hijos pudieron verlo y abrazarlo de nuevo. Sin embargo, las arbitrariedades continuaron. El coronel Llano, el general Samuel Salinas Valencia y el personero Nicolás Correa reunieron a los hijos de Dorado para tratar de minimizar lo sucedido y acomodar una versión para dejarla constatada en documentos reservados. También les hicieron una suerte de interrogatorio en el que formularon preguntas indebidas del ámbito personal.
Al principio, los oficiales se negaron a reconocer que Dorado había sido remitido al hospital por psiquiatría y no por neurología, como lo pidió. La presión de una abogada presente y de la hija de Dorado logró que los oficiales reconocieran que, en efecto, se había ordenado la remisión psiquiátrica. El acuerdo fue que lo dicho quedaría consignado en un acta. La familia Dorado, y el propio José Leonairo, exigieron que les entregaran las historias clínicas de los tres hospitales a los que fue remitido. En principio, el coronel y el general se negaron. Al terminarse la reunión, afirmaron que esos documentos les serían entregados. Al cierre de este artículo (sábado en la noche) la familia Dorado aún no había recibido las historias clínicas.
Lo sucedido con Dorado no es sólo una persecución infame sino un acto de profunda negligencia del Estado colombiano en pleno. La JEP, concretamente el despacho del magistrado Mauricio García, no ha emitido la orden de la libertad de José Leonairo Dorado y está en mora de garantizar plenamente la protección de la vida de este hombre que ha aportado verdades más contundentes que muchos comparecientes que ya gozan del beneficio de la libertad. Cuando CAMBIO contactó el viernes a la abogada Sandra Cuevas que la JEP designó para Dorado, fue evidente su desatención y negligencia. Ni siquiera estaba enterada de lo que estaba sucediendo y no acudió al lugar.
Sobre el caso de Dorado, además del enorme riesgo de seguridad, existen conceptos favorables de otros despachos de magistradas de la JEP que respaldan el extraordinario valor de la verdad que ha aportado hasta ahora. Por si fuera poco, a la JEP también han llegado peticiones de diferentes víctimas solicitando que se proteja a este testigo y se le otorgue el beneficio de la libertad por haber cumplido con creces su compromiso ante la jurisdicción. Ellas consideran que no hacerlo vulnera el derecho a la verdad y desincentiva la comparecencia de otros testigos.
El despacho de la magistrada de la JEP Catalina Díaz, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Inpec y otras autoridades contactadas por CAMBIO, accedieron al llamado y reaccionaron rápidamente para garantizar los derechos humanos de José Leonairo Dorado y de su familia. Curiosamente, el único funcionario que ignoró el mensaje y las llamadas fue el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez. Quienes están hostigando a Dorado son hombres bajo su mando. Ya es hora de que el ministro, y el propio presidente Gustavo Petro, intervengan para garantizar el derecho a la vida de un individuo y el derecho a la verdad de la sociedad.
