Por Víctor Hugo Marenco Boekhoudt
La vicisitud de este hecho estriba en que el poder judicial posee la última palabra, a no ser que en el puesto de mando esté un dictador. En el marco regulatorio comercial, como muchas veces lo hemos presenciado en tiempos desastrados, las decisiones judiciales determinan en últimas instancias, todo lo referente a la temática comercial y de disputas internacionales, incluso dentro de los acuerdos regulatorios comerciales y en tratados de interrelación económica nacionales e internacionales. He ahí la razón del porqué las grandes potencias del mundo, especialmente Estados Unidos y Canadá, han puesto el grito en el cielo con relación a esta reforma e inmiscuyéndose casi que directamente, dentro de los asuntos internos de México, la criticaron.
Con la característica independencia con la que el presidente de México ha manejado estas situaciones, logró no solamente su aprobación dentro de los hemiciclos del Senado Federal y de cada uno de los estados de la Unión, si no también con una aprobación de su mandato cercana al 70%. Al tiempo era notorio, que varios medios de información nacionales y extranjeros, hacían eco de la inconveniencia de esta reforma por los motivos comerciales y de enjuiciamiento final anteriormente citados. Impasible ante la presión, el bloque oficialista que conforma la gran mayoría del Senado mexicano, logró el apoyo suficiente para habilitar la reforma constitucional que avaló la nueva alternativa jurisprudencial en México.
Lo más destacable de esta reforma se refiere básicamente a que los magistrados federales, incluyendo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de ese país, que de ahora en adelante serán elegidos por voto popular. Los embajadores de los países del norte, en forma caquéxica y decolorada, abiertamente se fueron lanza en ristre contra la reforma basándose en supuestas críticas de juicio, con el Tratado de Libre Comercio que los integra, citando peligros de “inconveniencias judiciales”. Referenciemos posiblemente lo que es Colombia en la actualidad: se sabe de sobra que el poder judicial franquea una talanquera de protección rígida y gruesa, a los conglomerados comerciales, nuestras oligarquías agropecuarias y los intereses de las potencias de por aquí.
Posiblemente, lo más preocupante a los ojos de los demás países de esta región, es el hecho que en el futuro cercano, muchos de ellos adopten sistemas parecidos para sus órdenes judiciales inherentes. Es decir, serán más de 1600 jueces que serán elegidos por voto popular, de acuerdo a sus capacidades y experiencia, para no ser nunca más nombrados o revalorizados por los miembros del senado o la cámara de representantes, como aquí traman. Toda una sacudida telúrica a un poder manipulado y subyugado por las oligarquías a su antojo, ante el trasfondo del sepelio de un dictador como Fujimori, remojado y revitalizado en reciente jornada, precisamente por ese látigo de contubernio que quita un presidente elegido por voto popular y pone el que ellos quieran. Exactamente esos, los del dicho final…
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